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Un nuevo capítulo de una ingrata novela política se empezó a escribir en nuestro país, tras asumir Patricia Benavides como máxima autoridad del Ministerio Público, pues removió a la fiscal suprema que investigaba a sus hermanas, Bersabeth Revilla, y cambió a fiscales de otros equipos y despachos.
Ante estos hechos la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició pesquisas por esos y en abril pasado abrió investigación preliminar contra la alta magistrada. Los avances de la JNJ revelaron serios indicios sobre las aparentes razones para remover y cambiar fiscales, y este fue el inicio de una pugna entre instituciones tutelares y poderes del Estado que han dado como resultado acciones que atentan contra la independencia de poderes y el normal desarrollo de sus funciones públicas.
En este toma y daca el Congreso de la República habría tomado partido y apuntado su artillería pesada hacia la JNJ con intenciones de desaparecerla con oscuras intenciones, los cual ha desatado una ola de críticas y acciones que en este momento comprometen al Poder Judicial con una demanda constitucional que ha sido aceptad por este tercer poder del estado peruano. Aquí desmenuzo este enmarañado caso que tendría una intención en la trastienda de tumbarse a la JNJ.
Cabe señalar que en la JNJ hay tres casos de investigación abiertos contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por hechos que involucran su gestión como máxima autoridad del Ministerio Público y como fiscal suprema. Quizá el que contiene los asuntos más comprometedores y nutridos es el “Caso Nº 008-2022 en el que la JNJ ha reunido una serie de indicios que están contenidos en la Resolución Nº 403-2023-JNJ, con la cual abrió investigación preliminar contra la fiscal de la Nación el 17 de abril pasado.
Son hechos de alta relevancia e interés, aunque, el final del caso podría frustrarse si se confirma la decisión de la jueza constitucional Jacqueline Tarrillo Meneses, de declarar suspendidas las investigaciones de la JNJ contra Patricia Benavides, y si el Congreso de la República apura la suspensión de todos los integrantes de la Junta, en un aparente acto de acelerado salvataje en favor de la máxima representante de la Fiscalía.
Los hechos contenidos en el caso 008 son: el cese de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien investigaba a la jueza Enma Benavides –hermana de la fiscal de la Nación– por la presunta liberación de procesados por narcotráfico a cambio de dinero; los cambios en el Equipo “Cuellos Blancos”; los cambios de los fiscales Aurora Castillo Fuerman, Luis Zapata Gonzales y Frank Almanza Altamirano; el informe que presentó la fiscal Azucena Solari Escobedo para sustentar el retiro de Revilla; y la designación del fiscal Miguel Vegas Vaccaro.
El 30 de junio de 2022, Patricia Benavides juramentó como fiscal de la Nación. El 1 de julio, tomó la primera decisión concerniente a Bersabeth Revilla, la fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. En acto que ha sido poco comentado, Benavides dio por concluida la designación de Revilla como coordinadora general del Equipo “Cuellos Blancos” a nivel de Fiscalía Suprema.
Revilla aún continuó como encargada de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, pues, tenía mandato hasta el 31 de diciembre de 2022. Como tal, tenía a su cargo, entre otras, las investigaciones contra la hermana de la fiscal de la Nación, la jueza superior Enma Benavides, y los otros vocales del Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional, por la presunta liberación de procesados por narcotráfico a cambio de sobornos.
Pero eso no duró mucho. El 25 de julio, tres semanas después de asumir la Fiscalía de la Nación, Benavides dejó sin efecto la designación de Revilla al frente de dicha fiscalía.
También dijo que la JNJ no puede investigarla porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso determinó que la remoción de Revilla fue “lícita”; porque su puesto era transitorio; y porque, según la versión que dio, el fiscal supremo Pablo Sánchez emitió una disposición señalando que su decisión fue “un acto de gestión institucional”.
Para la Junta, los argumentos de la fiscal Benavides no resultaban suficientes para quitarle peso a las sospechas por presunta “inconducta funcional”.
La JNJ pone especial atención en los dos documentos que sustentaron la supuesta baja productividad de Revilla y, en consecuencia, su remoción: los informes 0012-2022, de la Oficina de Control de la Productividad Fiscal, y 001-2022, firmado por la fiscal reemplazante de Revilla, Azucena Solari Escobedo.
Según la cronología, el primero de ellos, el Informe 0012-2022, de la Oficina de Control de la Productividad Fiscal, fue entregado a las altas instancias de la Fiscalía el viernes 22 de julio. La fiscal de la Nación firmó la resolución de relevo de Revilla el siguiente día hábil, lunes 25 de julio de 2022. Se presume que Revilla no tuvo tiempo para conocer el informe y presentar sus descargos.
La Junta también se pregunta por qué se relevó del cargo a una fiscal cuyo mandato en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios culminaba todavía el 31 de diciembre de ese año.
En este juego de poderes hay muchos trasfondos presumibles que iré desarrollando, pero lo tangible es que se está atentando contra la independencia de poderes pretendiendo interpretar las normas legales a conveniencia de los oscuros intereses de cada parte. Por ello es importante hacer un llamado a la sociedad civil a manifestarse y participar activamente en el desarrollo de estos hechos, pues son actores principales y recogerán las consecuencias. Por ello diversas organizaciones civiles están convocando a una marcha para respaldar a la JNJ este sábado 16 de setiembre a las 4 de la tarde en el Campo de Marte. Seguimos alertas en defensa de los intereses del pueblo. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
