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Continuando con la novela política que busca relevar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cabe mencionar la hipótesis periodística que se maneja al respecto la cual señala que la fiscal de la Nación habría removido a Bersabeth Revilla con el objeto presunto de interferir en las investigaciones que ésta realizaba sobre las juezas Enma y Ruth Benavides Vargas, hermanas de Patricia Benavides, valiéndose para ello del Informe Nº 0012-2022, que sustentó la supuesta falsa productividad de Revilla.
La fiscal Solari no estuvo mucho tiempo en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en reemplazo de Bersabeth Revilla. Poco después, la fiscal Benavides la cambió de puesto, designándola como responsable de la Fiscalía de Control. En la Segunda Fiscalía Transitoria puso a cargo a Uriel Terán Dianderas, un fiscal superior mixto que provenía de Arequipa.
De ese modo, Terán se hizo cargo del caso de la jueza Enma Benavides y los vocales del “Colegiado E”, María Apaza Panuera y Pablo Ilave García, investigados por la liberación de procesados por tráfico de drogas.
Unos meses después, estando aún dentro de los plazos de investigación, Terán Dianderas solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia el sobreseimiento del caso contra Enma Benavides y sus colegas. Si esta instancia judicial acoge el pedido de Terán, el caso de Enma Benavides quedará archivado.
Según la JNJ, la fiscal Benavides se habría valido de funcionarios designados por ella misma, o por otros, para supuestamente intervenir en la investigación contra su hermana Enma y también contra Ruth Benavides Vargas, otra de las hermanas bajo pesquisas del antiguo despacho de Bersabeth Revilla.
JNJ EN EL CONGRESO
La Comisión de Justicia del Congreso, que preside Janet Rivas (Perú Posible), recibieron este jueves a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que preside Imelda Tumialán, para que brinden sus descargos frente a la investigación sumaria por presunta falta grave.
También fue convocada la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), autora que la moción que fue aprobada por el pleno y que dio pie a la investigación a la JNJ. Los magistados estuvieron acompañados por su abogado, Samuel Abad, quien rechazó las imputaciones contra ellos y solicitó que archive la investigación.
DOS SEMANAS
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrá dos semanas para presentar un informe final respecto a denuncias constitucionales presentadas contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Así, también, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el último viernes, con 20 votos a favor, otorgar 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar la denuncia contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y presentar un informe final.
PRESIDENTE DEL PJ EN EL CONGRESO
El mismo viernes el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se presentó en la sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que aborda la investigación sumaria contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Una de las cinco imputaciones contra los miembros de la JNJ es que, presuntamente, habrían ejercido presión sobre Arévalo Vela para que la Sala Plena de la Corte Suprema emitiera un pronunciamiento a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, cuando estaba inmersa en un procedimiento de inhabilitación por parte del Parlamento.
Al respecto, el titular del Poder Judicial fue enfático en señalar que no recibió ningún tipo de presión para emitir dicho pronunciamiento.
Asimismo, cuando la presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, le preguntó si tres magistrados de la JNJ -Imelda Tumialán Pinto, Humberto de la Haza y María Zavala Valladares- lo visitaron, antes del 28 de junio pasado, para tocar el tema sobre pronunciarse a favor de Zoraida Ávalos, Arévalo Vela lo negó tajantemente.
Lo evidente aquí es que el Congreso de la República pretende destituir a los miembros de la JNJ para controlar a los organismos electorales de cara a las próximas elecciones. Esto estaría programado para llevase a cabo gracias a la alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre, conocida como ‘fujicerronismo’.
El plan final sería que una vez que se instale una nueva Junta Nacional de Justicia afín a estos partidos políticos, van a tener la posibilidad de poder controlar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Y con esto se rompe cualquier equilibrio de transparencia que requerimos para el siguiente proceso electoral. Algo que no vamos a permitir. Y la sociedad civil debe estar al pendiente y manifestarse masivamente en pro de la independencia de poderes. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
