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El anuncio alentador hecho por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre la posible disposición de cientos de millones de vacunas contra el covid 19 para fines de este año, que significarían la cura contra esta agresiva y mortal enfermedad, contrasta con un reciente informe que indica, como se ha gatillado la corrupción en nuestro país, en el presente estado de emergencia.
En los más de 90 días que tiene de vigencia el estado de emergencia sanitaria nacional, decretado por el gobierno del presidente Martín Vizcarra, a causa de la pandemia del covid 19, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, ya ha interpuesto 264 denuncias ante el Ministerio Público, por presuntos actos de corrupción y existen más de 700 investigaciones fiscales por supuestos delitos contra la administración pública. Datos que causan vergüenza, indignación y repudio.
Esta información está consignada en el Boletín Informativo N°01 “Corrupción en la Emergencia Sanitaria covid-19”, elaborado por la procuraduría, en el que se advierte, además, que los delitos de corrupción con mayor incidencia en los que habrían incurrido determinados servidores públicos son el peculado, colusión y negociación incompatible.
Del total de casos de presunta corrupción, de acuerdo a este informe, el 51% se concentra en siete regiones del país, estas son: Áncash, Lima, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho y Cajamarca.
Los hechos, en su mayoría, están asociados a las contrataciones públicas de bienes y servicios, tales como adquisición de implementos de bioseguridad, equipos médicos, productos de limpieza y aseo personal, alimentos, entre otros.
De otro lado, entre las instituciones agraviadas por los supuestos actos ilícitos se registran las municipalidades distritales y provinciales, los gobiernos regionales; asimismo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Salud, EsSalud, entre otros.
Indignante, por decir lo menos, porque este documento pone de manifiesto, que son los propios miembros de estas instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad y la salud de la población, los implicados en estos actos de corrupción. Es decir, los malos elementos están dentro de las mismas instituciones, al acecho, en busca de la coima, la sobrevaloración, el robo artero y miserable, como si fueran aves de rapiña, que esperan que su presa esté débil y enferma para atacar a mansalva y con ventaja.
Mientras todos cumplían la restricción por la propagación del coronavirus, incluso la delincuencia común y el narcotráfico disminuyeron, pero la corrupción no se detuvo ni un minuto y más bien se ha convertido en un escollo en la lucha contra la pandemia.
La plaga de la corrupción ha aprovechado la emergencia para diversificarse y ha entrado en una especie de temporada alta, tomando ventaja ante la crisis de salud, amparados en que los gobiernos regionales, locales e instituciones estatales, pueden hacer compras directas.
El problema va más allá de los millones que se están embolsando estos traidores a la patria, en perjuicio del estado, que al final somos todos, es que el tema de fondo es la decadencia moral que expresan estos actos, para los cuales aún no hemos encontrado la vacuna. Por el contrario la alarma se activa por el grave peligro que embarga convertirnos en una república bananera, donde la coima sea vista como una simplificación administrativa impuesta por la corruptela.
Es urgente que en cuanto nos repongamos un poco de este doble ataque viral, se emprenda con energía una depuración de funcionarios corruptos de estas instituciones del estado. Urge sancionar con mayor energía y rapidez la corrupción venga de donde venga. En China, por ejemplo, funcionario del estado que se le comprueba un delito de corrupción, se le somete a pena de capital. Un tema discutible, que debe ponerse en agenda, dada la magnitud del daño que esta acción causa a los intereses nacionales. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
