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El gobierno de Estados Unidos informó que en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 ejecutó la llamada “Operación Resolución Absoluta”, una intervención militar planificada durante meses que, según Washington, permitió detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, tras ataques en Caracas y zonas estratégicas cercanas. Las autoridades estadounidenses afirmaron que la acción buscó minimizar riesgos a civiles y se realizó con elemento sorpresa, mientras Caracas denunció una “agresión militar” y exigió aclaraciones sobre el paradero del mandatario.
La operación se produce tras meses de tensión bilateral y un incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, enmarcado por Washington en una estrategia contra el narcotráfico y delitos transnacionales. Funcionarios estadounidenses han sostenido que existen expedientes judiciales previos contra Maduro en cortes federales, mientras el gobierno venezolano ha rechazado de forma reiterada esas acusaciones y ha cuestionado la legitimidad de cualquier intervención extranjera.
El presidente Donald Trump calificó la intervención como “una de las operaciones más precisas” realizadas por las fuerzas armadas de su país y la definió como una acción de “soberanía y justicia”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que se trató de una operación conjunta masiva, ejecutada “de manera impecable”.
En una conferencia desde Florida, el general John Daniel “Razin” Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, detalló que la incursión fue “discreta, precisa y ejecutada en el momento más oscuro de la noche”. Según Caine, Trump autorizó la misión poco antes de las 23:00 (hora de EE. UU.), tras lo cual se activó el despliegue.
Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que el gobierno desconoce el paradero de Maduro y Flores y exigió “prueba de vida”, además de anunciar medidas de emergencia y denunciar una agresión militar.
De acuerdo con el relato oficial estadounidense:
Trump difundió posteriormente una imagen que, según dijo, mostraba a Maduro bajo custodia durante el traslado.
Durante la operación se reportaron explosiones y columnas de humo en Caracas y alrededores. Registros audiovisuales difundidos por residentes y verificados por equipos periodísticos indicaron impactos en instalaciones militares y logísticas, entre ellas una base aérea, un complejo militar en la capital, el puerto de La Guaira y un aeropuerto en el estado Miranda.
El gobierno estadounidense afirmó que los ataques buscaban proteger a sus fuerzas y que no fue necesaria una segunda oleada. Caracas no publicó, al cierre de esta edición, un balance oficial de víctimas.
Washington indicó que los detenidos quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia, sin detallar lugar de procesamiento ni calendario judicial. Autoridades estadounidenses reiteraron que existen causas abiertas relacionadas con delitos transnacionales, mientras la Casa Blanca evitó precisar fechas y tribunales.
El episodio abre un escenario de alta incertidumbre en Venezuela sobre la conducción del Ejecutivo, el control de las fuerzas de seguridad y la aplicación de mecanismos constitucionales en caso de ausencia del presidente. En el plano regional, la operación eleva la tensión diplomática y coloca a organismos multilaterales ante la necesidad de evaluar legalidad, proporcionalidad y protección de civiles.
En el corto plazo, la evolución del caso dependerá de:
Según el gobierno de Estados Unidos, la “Operación Resolución Absoluta” culminó con la detención y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras una incursión nocturna de alta complejidad. Mientras Washington presenta el operativo como un éxito militar y judicial, Venezuela denuncia una agresión y exige aclaraciones. A falta de precisiones adicionales, el foco inmediato permanece en las confirmaciones oficiales, la ruta judicial del caso y el impacto político dentro y fuera del país.