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Fiscalía reclama propiedades de Toledo en Las Casuarinas, Punta Sal, Camacho y la Torre Omega

Piden que se declare al Estado propietario definitivo de inmuebles por US$ 5 millones.   

Durante el lustro gubernamental de Alejandro Celestino Toledo Manrique (76), entre los años 2001-2006, la residencia playera de Punta Sal, ubicada en Tumbes, se convirtió en punto de encuentro con amistades entonces desconocidas, como Josef Arieh Maiman Rapaport (+75), que llegaban a visitarlo en aviones particulares y se dedicaban a comer ostras y beber wiski Johnnie Walker.

Esa residencia de 525 metros cuadrados- ubicada en el lote 2 de la manzana F, del Condominio Punta Sal, a la altura del kilómetro 1.190 de la Panamericana Norte- acaba de ser reclamada ante el Poder Judicial por la Sexta Fiscalía de Extinción de Dominio para que se declare al Estado como propietario definitivo y se disponga del bien por el que se pagó inicialmente US$ 277,308 o S/. 765,935.

La legendaria casa de Punta Sal se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de Canoas de Punta Sal, un distrito que fue creado por el propio Alejandro Celestino Toledo Manrique en abril del 2006, tres meses antes de que concluyera su zarandeado gobierno, como marcando en piedra su paso por la Presidencia de la República de un país llamado Perú. 

Pero la acción fiscal no sólo tiene que ver con la casa de Punta Sal, si no que alcanza a otras propiedades del hoy engrilletado ex mandatario como las residencias de Las Casuarinas (Surco), Camacho (La Molina) y las unidades inmobiliarias de la Torre Omega (Surco)- una gran oficina y tres estacionamientos- cuyo valor global asciende a US$ 5’126,716.

El Ministerio Público ha requerido esos bienes, además de los US$ 42,237 hallados en las cuentas bancarias de Eva Rose Fernenbug Rottersman (95), la madre belga de Eliane Chantal Karp Fernenbug (69), para que pasen definitivamente a manos del Estado y puedan ser dispuestas.

Alejandro Toledo y Eliane Karp afrontan pedidos de extradición ante el gobierno de los Estados Unidos, el primero por el caso Odebrecht y la segunda por Ecoteva, afincados como están en el departamento N° 222 que ocupan en el condominio Country Sharon, en el N° 2225 de la calle Sharon Road, Menlo Park, California.

En predios norteamericanos, mientras tanto, los abogados David Bowker y Kelsey Quigley, del cotizado estudio Wilmer Cutler Pickering Hale And Dorr LLP, interpusieron el lunes 13 de marzo un nuevo recurso para suspender su proceso de extradición hasta que la Corte de Columbia resuelva su demanda contra el gobierno de Estados Unidos por una supuesta falta al ‘debido proceso’.

El engrilletado ex gobernante hizo este requerimiento para truncar lo que se decida en la Corte de California, donde originalmente se llevó su proceso. El escrito- al que tuvo acceso LA PRIMERA SEMANAL, menciona:

‘El Dr. Toledo requiere respetuosamente que esta Corte restrinja cualquier orden del gobierno para revocar la libertad bajo fianza, que se lo detenga bajo custodia para la extradición, o cualquier otra acción que frustre la decisión que tome esta Corte sobre este asunto’.

Los jueces norteamericanos Thomas S. Hixson y Laurel Beeler deben pronunciarse sobre dos peticiones: el primero sobre la prisión de Toledo requerida por la Fiscalía para garantizar su entrega a las autoridades peruanas y la segunda respecto a la suspensión de la extradición hasta que el primer magistrado emita su fallo.

La Fiscalía peruana acusa a Alejandro Toledo de haber cobrado US$35 millones en coimas a la empresa Odebrecht a cambio de concederle la construcción de la carretera Interoceánica Sur durante su gobierno (2001-2006).

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