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El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para evitar que aquellas personas que hayan sido sentenciadas por delitos de lavado de activos, terrorismo, corrupción y contra la administración pública presten servicios al Estado. La propuesta, que ha sido enviada al Congreso, propone la inscripción de las condenas en el Registro de Sanciones para servidores civiles de manera obligatoria, así como la notificación de las mismas por parte del Poder Judicial ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Asimismo, plantea que los deudores de reparación civil informen al Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia acerca de su domicilio real y su actividad económica. La iniciativa legal incluye, como requisito para desempeñarse como funcionario público, no tener sentencias condenatorias por delitos de lavado de activos, apología al terrorismo, terrorismo, colusión, peculado y corrupción. El proyecto del Ejecutivo busca alcanzar la modificación del artículo 100 del Código Penal para que la acción civil sea inextinguible.
