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Horas previas a la liberación de Jaime Yoshiyama, el Consejo Directivo del Congreso presentó un documento “de preocupación” sobre este caso. El pedido fue hecho por el aprista Javier Velásquez Quesquén, quien sostuvo “que es derecho suyo y del Parlamento manifestarse respecto a algún tema”. “Expresamos nuestra preocupación por eso y en el segundo párrafo del acuerdo, hemos ratificado, como Congreso, que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, que respetamos sus investigaciones”, indicó. Asimismo, el portavoz de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, consideró que la necesidad de que el Parlamento se pronuncie sobre el tema recae en que “cada vez que se comete una injusticia en el país, es el deber del Congreso velar porque se respete la Constitución. Esta ha sido una detención ilegal. Si bien es cierto el fiscal ha estado autorizado por un juez para allanar un domicilio dentro de un proceso de investigación de lavado de activos, esto no significa que pueda actuar sobre otros hechos”, dijo a la prensa. El documento de “preocupación” contó con la aprobación de todas las bancadas del Congreso, a excepción del Frente Amplio. Su vocero, Wilbert Rozas, votó en contra. ¿Acaso no es obligación de nuestras autoridades detener e investigar a una persona que no puede justificar la tenencia de un arma de fuego? Parece que en nuestro parlamento se alza la voz solo por los amigos.
