Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PARA CUÁNDO

El cáncer de la corrupción se tragó el año pasado en el Perú más de 24 mil millones de soles, léalo bien, más de 24 mil millones de soles. Esta semana la Contraloría General de la República reveló que el perjuicio económico generado por la corrupción en el país durante el 2023 asciende exactamente a S/24.268 millones, lo que representa el 12,7% del presupuesto devengado (monto de las obras, bienes o servicios tramitados por cada entidad) a nivel nacional del año pasado. Así lo informó el contralor Nelson Shack en la presentación de los resultados de la Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional elaborado por una subgerencia de esa institución. Provocando con ello una respuesta agresiva e inmediata por parte del Poder Ejecutivo en la voz del primer ministro Alberto Otárola, que al parecer se sintió seriamente aludido porque en ese informe se detalló que el Estado gastó más de 6 millones en consultorías.
Analizando el informe encontramos que el dato revelador e indignante, que se dio en la presentación de los resultados de la Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional elaborado por la Subgerencia del Observatorio Anticorrupción de la entidad de control, se destacó que el monto total señalado, bajo su cálculo, alcanza para eliminar la pobreza que azota al país en dos años. Sí, así como lo lee, con el monto que se engulle la corrupción al año alcanzaría para eliminar la pobreza extrema en un lapso de dos años y a nadie parece importarle cortarle la cabeza y las uñas a los funcionarios corruptos que promueven este desfalco a las arcas del Estado. El propio gobierno se indigna e intenta incendiar la pradera sin pensar que tiene un frondoso rabo de paja.
Para barajarla Otarola dijo: “La Contraloría tiene todo el apoyo del gobierno para revisar, especialmente estos contratos de consultoría con los que vienen trabajando algunos sectores. Algunos de ellos son indispensables otros no. Hay que hacer una revisión de todos ellos”, o sea que sí sabe que hay contratos que no son indispensables, pero no ha hecho nada para eliminarlos. El pez por la boca muere.
Y ardido por los señalamientos retrucó diciendo que la Contraloría posee S/ 1.600 millones “guardados en su cuenta bancaria que podrían servir para construir 100 postas médicas, 60 hospitales o cerrar las brechas de infraestructura en algunas regiones”. Pueden creerlo, pero al menos la Contraloría tiene ese dinero en sus cuentas, el dinero que se levanta la corrupción desaparece como por arte de magia sin que se sancionen a los responsables. El Perú en materia de lucha anticorrupción se está convirtiendo en el reino de la impunidad.
Pero Shack, cual tiburón no se amilanó y rechazó las expresiones de Otárola y las calificó de “tendenciosas”. Además, lo acusó de “desinformar sobre la labor” de la Contraloría.
“El presupuesto que administra esta entidad está destinado a la realización de servicios de control que, como es de conocimiento público, ponen en evidencia actos irregulares en la gestión de los recursos públicos, corrupción e inconducta funcional, así como el favorecimiento y la contratación indebida de personas y consultorías”, sostuvo a través de un comunicado.

Informe de la Contraloría

Shack informó que el año pasado, “casi la tercera parte de todo el gasto público en contrataciones se hizo a dedo”.

“Se gastaron más de S/ 19,300 millones en 3.7 millones contrataciones menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Es una barbaridad. Ya tenemos esos documentos, ahora queremos verificar los entregables”, aseguró el contralor.
A fin de que los ciudadanos accedan a los detalles de las consultorías, la Contraloría estrenó el portal “https://consultaconsultorias.contraloria.gob.pe”, donde se pueden revisar los servicios contratados en el Estado. Sin embargo, no todas las entidades públicas vienen cumpliendo con subir los documentos requeridos para este sistema.
En otro momento, señaló que la incidencia de la corrupción en el Estado ascendió a 12.7%, del presupuesto a nivel nacional y que el perjuicio generado alcanza los S/ 24.268 millones. De ese total y por tipo de gasto, el mayor daño se registró en las inversiones del Estado, con una incidencia de 17.5%, alcanzando los S/ 8.963 millones comprometidos.
Los niveles de gobierno más afectados por la corrupción fueron, en orden descendente, el regional con una incidencia del 15,4% y un daño de S/7.615 millones, seguido por el gobierno local y el nacional.
Entre las regiones más perjudicadas, Callao lidera el ranking con una tasa de incidencia del 17,9%, seguido por Tumbes (17,5%), Ucayali (16,5%), Piura (16,2%) y Áncash (16.2%) La Libertad (15.2%), Madre de Dios (15,0%), Huánuco (15.0%), Loreto (14,8%) y con Apurímac (14,4%) se completan las primeras diez posiciones.
Sin embargo, las posiciones cambian si se observa el monto del perjuicio extrapolado. Con base en ello, Piura pasa al primer lugar con S/1.501 millones de pérdidas por efectos de la corrupción y la inconducta funcional del 2023, seguido de Cusco con S/1.352 millones, Áncash con S/1.311 millones, Callao con S/1.227 millones y La Libertad con S/1.131 millones.
Lo positivo podría ser, de acuerdo con Shack, que estos hallazgos marcan una tendencia decreciente en los niveles de corrupción desde 2019, momento en el cual se efectuó el primer análisis de este tipo y se estimó que la corrupción representaba el 14,9% del PBI. Sin embargo, la tarea pendiente es acelerar el ritmo.
“En ese año representaba el 14,9%, se perdían 3 puntos del PBI. Hay una tendencia decreciente indiscutible, pero la velocidad es muy reducida”, explicó.
Reducir la corrupción
Para combatir más eficazmente este flagelo, la Contraloría planea realizar alrededor de 50.000 servicios de control en 2024, triplicando la cifra del año pasado. Además, finalizará seis operativos de control enfocados en áreas críticas como la seguridad ciudadana, la inclusión social, la educación, la cultura, el deporte y las consultorías estatales.
Lo que le corresponde al Gobierno es presionar a las instituciones bajo su mando a cumplir estricta e inmediatamente los requerimientos de la Contraloría de la República y para poner de manifiesto efectivo su intención de apoyar la lucha anticorrupción articular esfuerzos para duplicar los presupuestos de las fiscalías y juzgados anticorrupción y la creación de juzgados anticorrupción para que puedan acelerar el ritmo de los procesos para lograr recuperar los bienes del estado y sancionar rápidamente este delito que debería ser tipificado como una forma de traición a la patria. Pues el que le roba al Estado no se está llevando solo el dinero de todos los peruanos, sino que le está quitando el acceso a la alimentación a la salud y a la educación a algún niño peruano de algún olvidado rincón de nuestro territorio. El gobierno debe demostrar su intención de querer emprender una lucha frontal contra la corrupción, creando de manera permanente un premio nacional de prensa a las mejores investigaciones anticorrupción en el Estado. Esta sería una primera forma efectiva y visible de que verdaderamente hay un compromiso político en la lucha contra este flagelo que se succiona los recursos del país. Hagan su chamba que nosotros hacemos la nuestra. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.