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La terrible situación de inseguridad que se vive en Ecuador, que ha sido desbordado por la criminalidad, crisis que hasta el momento ha cobrado la vida de una decena de personas, podría replicarse en el Perú en cualquier momento.
Lo que está sucediendo en Ecuador es un movimiento de bandas, es decir criminalidad organizada, que es casi el marco de lo que se vive en nuestro país y se corre el riesgo que se pueda replicar en nuestro país en cualquier momento.
Sobre todo, porque se percibe que las autoridades no tienen un plan de inteligencia para adelantarse al accionar de la criminalidad urbana. Aparentemente no existe, o no se percibe un plan de seguridad nacional para enfrentar el complejo momento que atraviesa el país. Que es consecuencia de la crisis económica acentuada por la pandemia del covid 19, la invasión migratoria delincuencial influenciadopor el narcotráfico, así como por la minería ilegal, estas dos últimas son las que financian algunos de los “emprendimientos” delincuenciales de estos marginales.
La decisión del Gobierno de reforzar la seguridad en la frontera es un gesto político importante para ellos que va dirigido a la tribuna, pero en la práctica sabemos que nuestras fronteras son unas coladeras, ningún gobierno ha sido capaz siquiera de colocar un muro o cercas perimétricas al menos en los cruces más frecuentes, o utilizar tecnología satelital para controlar el movimiento de personas en estas zonas. Este control es vital sobre todo teniendo en cuenta que existe la latente posibilidad de que los cabecillas de las bandas ecuatorianas intenten huir o afincar sus operaciones en nuestro país.
Movilizar tropas, está bien, pero se tiene que invertir en inteligencia. Sobre todo, si se toma en cuenta que actualmente, tenemos 3 500 extranjeros presos en el Perú. De ellos, 40 tienen capacidad de mando y decisión, estos cabecillas no están esperando de brazos cruzados el fin de sus condenas, están maquinado y llevando a cabo planes delincuenciales para seguir operando desde los penales y sobre todo ampliar sus ilícitas acciones, total ya no tienen nada que perder. Ahí es donde debe trabajar la inteligencia, infiltrar las cárceles, oír sus conversaciones, saber de sus planes para bloquearlos y realizar nuevas capturas de los nuevos mandos criminales.
Algunos especialistas consideran que la criminalidad todavía es controlable en el país, si es que se hace uso de la legislación que permite combatirla. Y sobre todo si los legisladores están conectados con la realidad nacional para actualizar las leyes en base al accionar de las hordas delincuenciales. Eso sería lo ideal, pero si damos una mirada a nuestro Congreso, nos damos penosa cuenta que la mayoría de los padres de la patria están más concentrados en tratar de librarse de la justicia que concentrados en trabajar para lo que fueron elegidos. Triste e indignante realidad.
Sabía usted amigo lector que uno de cada cuatro peruanos mayores de 15 años ha sido víctima de algún hecho delictivo en las zonas urbanas en el año que terminó, según un reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), e incluso un 81% de la población cree que en los siguientes meses podría enfrentar algún hecho que atente contra su seguridad.
Y tras la violencia delincuencia existe todavía una consecuencia mayor y es que estos altos niveles de inseguridad tienen un impacto en la economía del país, no solo por el mayor gasto que pueden realizar algunos peruanos para protegerse de la delincuencia, sino también por cambios en el comportamiento de consumo y la reducción de inversión y productividad.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo indica que el crimen tiene un costo social que representa el 2.77% del PBI en el 2014, pero un cálculo más reciente de Videnza Consultores indica que en los últimos años el impacto de la inseguridad ha aumentado a 3.09% del PBI.
Ese porcentaje del PBI equivale a un costo de S/ 31,500 millones anuales, pero solo considera los costos directos del crimen, sin contar los efectos indirectos.
Por ejemplo, para evitar ser parte de la estadística de víctimas de la inseguridad, las empresas y ciudadanos realizan un gasto promedio de S/ 12,400 millones.
Además, el Estado fija un presupuesto de unos S/ 15 mil millones a la función de seguridad y orden interno, monto que se ha ido triplicando en los últimos diez años.
El encarcelamiento representa un costo de 0.11% del PBI, por el gasto público que hace el Gobierno en la administración de los penales que hasta el año pasado tenía una población que sumaba unos 89,465 reclusos.
Las pérdidas ocasionadas por la privación de la libertad de los reclusos también es un impacto, pues se estima que los ingresos que deja de generar esa población equivalen al 0.21% del PBI.
Por todo ello la inseguridad ciudadana es el principal problema del Perú, pues no permite el desarrollo del país. Es casi lo mismo que sucedía en la época del terrorismo, que resultaba imposible hacer crecer al país mientras no se exterminara la acción sangrienta del terror.
Por todo ello, el Gobierno y las instituciones tienen que enfocarse prioritariamente en adoptar un plan profesional para combatir la delincuencia urbana organizada, dotar de recursos a los entes encargados de su ejecución y proceder con decisión, energía y profesionalismo hasta lograr los objetivos. El Perú tiene una de los mejores cuerpos policiales del mundo, es cuestión de sacudirla de algunos malos elementos y motivarla a dar todo su potencial. Para ello se necesita liderazgo presidencial, capacidad profesional y moral de los mandos. Estamos a la espera. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
