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Es urgente, necesaria y saludable para la estabilidad democrática del país la pronta proclamación de Pedro Castillo como presidente constitucional del Perú, por parte del Jurado Nacional de Elecciones.
Esta mañana dicho ente electoral publicó en el diario oficial El Peruano dos nuevas resoluciones en las que declara infundados los recursos de apelación de actas electorales, interpuestos por los personeros legales de Fuerza Popular, desvaneciendo cada vez más los intentos dilatorios del partido naranja.
La demora en la proclamación está ocasionando un atraso para el país, pues el virtual presidente Pedro Castillo, requiere las credenciales para impulsar conversaciones previas oficiales a nivel internacional y designar a los equipos técnicos para el traspaso del poder.
Su demora solo ocasionará descoordinaciones en el avance de la administración del país y los responsables serán los encaprichados Keiko Fujimori y su equipo de asesores dedicados a entrampar y demorar el cumplimiento de la voluntad mayoritaria. Esto último incluso podría ser materia de posteriores denuncias penales por intentar impedir el cumplimiento de la voluntad popular expresada en las urnas.
Al respecto se pronunció, además de otras autoridades internacionales, el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien “preguntó cuánto tiempo la candidata presidencial Keiko Fujimori seguirá los pasos del expresidente estadounidense, Donald Trump, en su intento de demostrar un supuesto fraude electoral para evitar su derrota en las elecciones presidenciales de Perú”.
Vivanco lanzó esta pregunta después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos asegurara que los comicios peruanos son “un modelo de democracia para la región”.
Hay que tener en cuenta que las más de 800 solicitudes de Keiko Fujimori para anular mesas de votación han sido rechazadas en primera instancia por los jurados electorales. Lo anterior, por no presentar pruebas consistentes del fraude que alega.
No conformes buena parte de estos requerimientos de nulidad han sido apelados para ser vistos en segunda instancia por el Jurado Nacional de Elecciones, dilatando aún más la justa transición electoral, pues el JNE no puede proclamar oficialmente a Castillo como ganador de las elecciones hasta que no termine de revisar cada expediente.
Es importante que la ciudadanía sepa que la mayoría de indicios presentadas hasta ahora son por supuestas firmas falsas en las actas electorales de las mesas de votación. Pese a esto, ningún miembro de las mesas de sufragio denunció que le hayan suplantado la identidad.
Hasta ahora el efecto ha sido el contrario, pues son numerosos los casos de ciudadanos que han desmentido a Fujimori y al partido Fuerza Popular.
Como manotazo de ahogado, Fujimori presentó un recurso de hábeas data para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales comparta las listas de votantes. Sin embargo, este requerimiento contraviene la Ley de Protección de Datos.
Además, todas las misiones de observación electoral que supervisaron el proceso de las elecciones presidenciales de Perú, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), han descartado que se produjese un “fraude sistemático” como sugiere Fujimori. Caso cerrado, hasta la próxima semana mis amigos de primera.
