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Como un requisito para formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Congreso promulgó en abril del 2016 la Ley 30424, la cual sanciona apersonas jurídicas (empresas privadas, ONG, fundaciones, etc.), de manera paralela a los juicios que pudieran tener los individuos asociados a ellas, por prácticas de corrupción de alcance transnacional. A esta norma, el Gobierno actual le agregó varias modificaciones a través del Decreto Legislativo (D. Leg.) 1352, que entró en vigencia este 1 de enero, siendo la más importante la incorporación de seis nuevas modalidades de delitos por las cuales las entidades deberán responder. Estas están ligadas al ámbito nacional por delitos por corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
