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El grupo de militares que se alzaron contra el autogolpe de Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992 e intentaron ejercer el derecho de insurgencia, un día como hoy hace 25 años, aún siguen litigando para que el Estado reconozca sus derechos y repare los daños que se les habría causados por, entre otras cosas, haber estado encarcelados tres años de manera injusta y algunos de ellos torturados. Por ello piden que su caso sea visto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Corte IDH), pues hasta la fecha no encuentran justicia. La exigencia de los oficiales, encabezados por el general en retiro Jaime Salinas Sedó, parte a raíz que su causa fue “cerrada” de manera irregular por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2015. Ellos rechazan que la CIDH sostenga que se concluyó “satisfactoriamente” el caso cuando el Estado, consideran, no ha cumplido con sus obligaciones internacionales. Por tal razón, señalan que la Corte de San José es la instancia llamada a resolver la controversia.
