MENU
En las últimas semanas hemos sido testigos de actos jurídicos-políticos entre el Ministerio Público, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo motivados por investigaciones de corrupción contra funcionarios del gobierno. Estas acciones obligan a realizar un análisis sobre los alcances, facultades, limitaciones y consecuencias de dichos actos “legales”.
En los últimos años, varios tribunales, sobre todo los constitucionales, de países de de la región y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han emitido sentencias garantistas que han significado enormes avances para la protección de los derechos fundamentales en Latinoamérica, especialmente de los más vulnerables. Esta forma de “activismo judicial” no fue exenta de importantes críticas, que ven en algunas de estas sentencias garantistas una usurpación de competencias reservadas al poder político, entre otros.
En la otra cara de la moneda, o tal vez también como consecuencia del activismo jurídico y el creciente rol político de la justica, existe un proceso de politización de la justicia en el que los gobiernos quieren influir en las cortes o restringir tímidamente sus actividades.
Nuestra democracia representativa y presidencialista, tiene los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado que son ejercidos por órganos del gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí. Esto no significa que los tres poderes no se pueden interrelacionar y controlarse mutuamente. Por el contrario, este sistema de balances garantiza que ningún poder abuse de sus facultades obteniendo más de las debidas. Pero ¿en qué momento el poder judicial cruza una fina línea usurpando indebidamente funciones del poder político?…
El proceso de democratización que siguió a las dictaduras de los años 70 y 80 conllevó, en muchos países de la región, la adopción de nuevas constituciones, o la reforma de las anteriores. Capturando un espíritu garantista, y en la búsqueda de un camino propio latinoamericano.
Quienes hablan del “gobierno de los jueces” y del “activismo judicial” cuestionan que aquellos hayan dejado de lado el formalismo y el legalismo, y que muchas veces vayan en contra de las decisiones u omisiones de las autoridades políticas que cuentan con un respaldo mayoritario de tipo electoral que sería, en suma, “más democrática”. Para algunos se trataría, al final, de una intromisión indebida en las facultades y competencias de las otras ramas del poder público. Para otros, el activismo es una consecuencia necesaria, casi natural, del letargo del legislador latinoamericano y sobre todo de la administración pública, que en muchos casos les incumple a los ciudadanos.
El resultado de este proceso es una creciente cercanía a veces tóxica entre el poder judicial y el político, que en el caso más extremo va hasta la aniquilación de ambos. Aunque en el Perú ternemos vastos ejemplos, tomamos uno del extranjero para evitar suspicacias, el caso del exjuez del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, Sergio Moro. En la operación “Lava Jato”, (caso en el que tenemos a dos expresidentes procesados por corrupción), que se realizó entre 2017 y 2019, el juez Moro lideró una intensa campaña anticorrupción y procesó funcionarios de alto rango, sobre todo vinculados con el ex presidente Lula da Silva.
Inmediatamente después, el juez fue nombrado Ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro, rival político de Lula, planteando dudas sobre su independencia. Ya sin sorpresa en junio de 2019 salieron a la luz testimonios que reforzaron la sospecha de la proximidad del entonces juez con los fiscales, incrementando las dudas en el proceso.
A través de esta experiencia y antecedentes, en el Perú se debe estar vigilante para que los instrumentos judiciales no sean utilizados como herramienta política de oposición y está responsabilidad recae en la necesidad de más abogados y políticos bien formados. Siempre con el espíritu y la convicción de defensa a la democracia liberal. Los jóvenes, especialmente, pueden y deben interesarse y tener una participación importante en los procesos jurídicos y políticos para asegurar que la judicialización y politización no tengan un impacto negativo para al Estado de Derecho y su función de gobierno. La conducción hacia una política óptima exige el tratamiento y el entendimiento de temas tan amplios y quizá complejos como el presente. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
