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Esta semana Alejandro Toledo ha resucitado desde su escondite para echar andar algunas estrategias en busca de escapar de la justicia y tratar de figurar en el plano político. Lo primero que sus abogados le han dicho es que tiene que darles base mediática para sus argumentos legales en el sentido de ser un perseguido político. Por lo que está tratando de provocar a todas las tiendas políticas para picarlas y obtener respuestas que sus abogados puedan canalizar como amenazas o advertencias para apuntalar su tesis una venganza política.
Toledo es políticamente torpe, pues en el priman otros intereses y aficiones, hace caso a sus asesores cuando ya las cosas están de color de hormiga. El viernes último Alejandro Toledo acusó a Keiko Fujimori, de haber emprendido contra él una persecución política y de aprovecharse de su mayoría en el Congreso para controlar, mediante el “chantaje”, al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
“Hoy día soy un perseguido político y me quieren desaparecer del cuadro para que no impida la próxima elección de Keiko Fujimori”, dijo con su clásica victimización. Según sostuvo, ella y su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, no lo perdonan por haberse “bajado” al régimen en el 2000 ni por haber apoyado a Ollanta Humala en 2011 y a Kuczynski en 2016 para frenar el triunfo electoral de Keiko. “Yo soy un obstáculo muy fuerte, el objetivo de una revancha política, una persecución política que no tiene nombre”. En verdad al parecer Toledo cree que la gente se tragó el cuento de la Marcha de los Cuatro Suyos, Toledo fue un accidente político coyuntural y prueba de ello es que en la última elección no sacó los votos ni para mantener la inscripción de su partido.
El expresidente indicó que las fuerzas de Keiko Fujimori “han colocado jueces y fiscales ad hoc” en el Poder Judicial. También declaró que estos tienen “arrinconado a Kuczsynki por su absoluta mayoría en el Congreso de la República”. Para argumentar su acusación, se refirió al ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quien hace poco dejó el cargo ante la posibilidad de una censura en el Parlamento. Pintando a su socio PPK y a Vizcarra como inocentes palomas sin contar las intenciones dolosas que hay en la adenda del contrato de Chinchero.
Toledo afirmó, además, que el sistema de Justicia en América Latina está actualmente “politizado” y que “los nombramientos de los fiscales y de los jueces los hacen los que tienen el poder. Y los que están juzgando ahora son nombrados, premiados y prometidos de ser congresistas cuando viene la próxima elección”. Lo que no se da cuenta es que con sus declaraciones se estaría disparando a los pies pues parece haber olvidado que él es un ex presidente y más que acusar estaría describiendo propia experiencia el modus operandi de los regímenes en el Perú.
En todo este juego de palabras lo cierto es que la Fiscalía peruana acusa a Toledo por tráfico de influencias y lavado de activos en torno a los casos Odebrecht y Ecoteva. La empresa brasileña le habría pagado una coima de US$ 20 millones por la concesión de la Carretera Interoceánica, un proyecto firmado durante su gobierno. Además, se cree que usó la empresa fachada en Costa Rica para limpiar el dinero proveniente de la corrupción. El Poder Judicial dictó en febrero y abril pasados dos órdenes de prisión preventiva por 18 meses en su contra. A estos se suma una solicitud de captura internacional, que en este momento está en trámite en una corte federal estadounidense. Que hasta el momento no ha sido asignada a ningún juzgado, al parecer por órdenes fantasmas superiores. Hasta mañana mis amigos de Primera.
