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“Salaverry ha pedido la destitución de Sánchez porque, según su opinión, no se están manejando adecuadamente los casos que el fiscal de la Nación no tiene bajo sus manos. Se ha realizado este pedido sin siquiera tomarse el trabajo de acopiar información que les permita entender cuáles son los objetivos, la velocidad de la Fiscalía y las razones por las que determinados casos están en la situación actual”, sostuvo el abogado César Azabache. Para el jurista, “el Congreso tiene una mayoría controlada por la misma bancada, pero aunque tomen esa decisión, ese documento no puede tener consecuencias legales en ninguna parte. Ni en el Consejo de la Magistratura, ni en la propia Junta de Fiscales Supremos. Tampoco a nivel judicial. En caso de que esta acusación se convierta en una decisión del Parlamento, Sánchez podría pedir al Tribunal Constitucional que emita una sentencia en la que declare que esto no es un procedimiento serio sino una injerencia en el ejercicio de las facultades de la Fiscalía o un acto de abierta presión injustificada”.
